La ley de donaciones con fines culturales es un mecanismo que fomenta la intervención privada, tanto de empresas como de personas, en el financiamiento de proyectos artísticos, patrimoniales o culturales.
En el citado artículo 8º, que por sí mismo constituye una ley, se apunta a poner a disposición de la cultura nuevas fuentes de financiamiento, para beneficiar a la más amplia gama de disciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-culturales.
La legislación estimula la colaboración pública-privada, en la medida en que establece que el Estado y el sector privado participen en el financiamiento de los proyectos culturales que se acogen a este beneficio. El Fisco aporta al financiamiento mediante un crédito equivalente- en casi la totalidad de los tipos de donantes – a la mitad de la donación, lo que significa en la práctica una renuncia del Estado al cobro de esa parte del tributo.
La alta demanda por bienes y servicios de cultura ha provocado que la ley haya sufrido una serie de modificaciones.
La Ley N° 19.885, más conocida como Ley de Donaciones con Fines Sociales, es una herramienta de Cooperación Público Privada que incentiva las donaciones de empresas y personas naturales a organizaciones sociales sin fines de lucro que tengan como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y/o comunidad en situación de pobreza y/o de discapacidad, así como de prevención y rehabilitación de alcohol y/o drogas.
Esta ley es administrada por el Ministerio de Desarrollo Social y norma el buen uso de las donaciones ya que otorga un beneficio tributario a quienes realizan una donación en dinero. Eso significa que un porcentaje de la donación es puesto por el donante y otro por el Estado, ya que éste entrega una Franquicia Tributaria.